Independientemente de la veracidad y autenticidad del documento presentado por el Presidente, un análisis de las condiciones políticas actuales nos llevaría a la misma conclusión que el supuesto Proyecto BOA.
Este martes 9 de junio de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un documento de desconocida procedencia y autoría en su tradicional conferencia de prensa matutina. En dicho documento se enlistan una serie de acciones y actores -individuales y colectivos- que compondrían el llamado “Bloque Opositor Amplio (BOA)”, con el objetivo de presentar una plataforma electoral competitiva de cara a 2021 y, con ello, arrebatarle el control del Congreso de la Unión a Morena y allanar el camino para la revocación de mandato en 2022.
Independientemente de la veracidad y autenticidad del documento, así como de los motivos que llevaron al presidente y a su equipo a exponer, en el espacio informativo más importante del gobierno federal, algo de lo que ellos mismos afirmaron no tener más información, destaca el hecho de que en el citado documento se expone un esbozo de estrategia político-electoral para minar y desplazar del poder a López Obrador, contemplando en todo momento los cauces institucionales.
Un análisis concreto y objetivo de las condiciones políticas actuales nos llevaría a la misma conclusión. El presidente López Obrador gobierna no solo por el hecho de tener el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Federal, sino que cuenta con amplio respaldo en el Congreso de la Unión, y en particular de la Cámara de Diputados. Con la mayoría suficiente para impulsar reformas constitucionales (algo que no se presentaba desde la LVI Legislatura de 1994-1997), ha ido consolidando su Proyecto de Nación con un esquema de reconstrucción y reacomodo institucional que no sería posible sin la aprobación del marco legal requerido para ello.
Sin embargo, la misma historia de las Legislaturas federales nos muestra que en la segunda mitad de los sexenios desde 1994, el presidente ha tenido que gobernar con un congreso de mayoría opositora: en 1997, la LVII Legislatura contaba con 239 diputados del partido en el poder, el PRI, contra 246 diputados de las bancadas del PAN y el PRD; en 2003 la LIX Legislatura presentó 147 diputados del PAN, que tenía la presidencia de la República, contra 223 del PRI y 95 del PRD; en 2009, en la LXI Legislatura el PAN tenía 142 curules ocupadas, contra 242 del PRI; y en la LXIII Legislatura de 2015, siendo presidente Enrique Peña Nieto, el PRI controlaba 205 curules, mientras que la oposición aglutinaba a 109 del PAN, 54 del PRD, 20 de Movimiento Ciudadano y 47 de Morena, para un total de 230.
Por ello, no es descabellado pensar en que la estrategia para acotar el ejercicio del poder presidencial de Morena pase por recuperar el control del Congreso por parte de la oposición.
Si se pierde la mayoría absoluta que se requiere para cambios constitucionales, es factible pensar en un freno de facto a las iniciativas presidenciales; el Senado se volvería un terreno de negociaciones más ríspidas para las reformas, puesto que ahí Morena no alcanza la mayoría absoluta y se vería obligado a negociar de cualquier manera; se puede argumentar también una estrategia electoral integral que permita a las legislaturas estatales tener mayoría opositora, con lo que alcanzar el requisito de 16 votos aprobatorios estatales para las reformas constitucionales se volvería complicado.
Desde luego, el diálogo político cambiaría de matices, pues estarían presentes en la Cámara Baja expresiones distintas a las del partido en el poder, lo que obligaría al presidente -como ha sucedido en los últimos 4 sexenios- a tener que negociar con la oposición, si quiere que su Proyecto de Nación perviva más allá de 2024.
Pero si en 2021 Morena y López Obrador mantienen la mayoría en la Cámara de Diputados, nada les impide realizar reformas constitucionales de mayor calado, como la transformación del Instituto Nacional Electoral o la remoción de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones que fueron señaladas en el dudoso documento presentado por el presidente como partícipes de la estrategia de combate a la 4T.
El control de la Cámara de Diputados, como se ve, será fundamental y decisivo para la continuidad o terminación anticipada del proyecto de la Cuarta Transformación.
